El Gobierno aprueba un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior. La ministra Isabel Rodríguez ha anunciado una cláusula antifraude para combatir irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección oficial tras el escándalo de Alicante. El plan incluye registro público de demandantes, canales de adjudicación transparentes y sorteos ante notario. El 40% del presupuesto se destinará a aumentar la oferta de vivienda protegida, el 30% a rehabilitación del parque existente y el 30% restante a ayudas para emancipación juvenil y reducción de esfuerzo financiero. Rodríguez subraya que no se financiará con dinero público ninguna promoción sin garantías de transparencia objetiva y verificable por la ciudadanía.
