La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en la Administración General del Estado entrará en vigor previsiblemente en marzo, beneficiando a aproximadamente 250.000 empleados públicos. Esta medida, que supone un recorte de 2,5 horas semanales sin pérdida salarial, representa un avance significativo en las políticas de empleo público tras más de tres años de retraso. Sin embargo, funcionarios en seguridad, defensa y servicios esenciales como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias quedarán excluidos por necesidades operativas específicas. Asimismo, el personal docente y sanitario de la AGE también está fuera del alcance de esta reforma. Las organizaciones sindicales, especialmente CSIF, han expresado su preocupación por estas exclusiones y exigen que la medida se aplique sin limitaciones a todo el personal de la administración pública,
