La deuda de la AEE alcanza punto crítico en Puerto Rico. Casi una década después de iniciado el proceso de quiebra en 2017, la reestructuración permanece sin resolver. Los honorarios legales y de consultoría han superado los mil quinientos millones de dólares mientras la inversión en infraestructura eléctrica se posterga continuamente. El Tribunal de Apelaciones confirmó una reclamación de ocho mil quinientos millones de dólares, pero la recuperación depende exclusivamente de ingresos futuros. La Junta de Supervisión propone dos mil trescientos millones en nuevos bonos, cantidad insuficiente según acreedores. Se requieren aproximadamente seis mil millones adicionales para modernizar la red, inversión no cubierta por financiamiento federal actual. La demora prolongada erosiona la base económica de la isla y reduce la capacidad de servir la deuda reestructurada.
