La quiebra de la AEE bajo el Título III lleva nueve años sin resolverse, generando consecuencias críticas para Puerto Rico. Un fallo del Primer Circuito en noviembre de 2024 confirmó que los bonistas tienen una reclamación de 8,500 millones de dólares garantizada por ingresos netos de la utilidad. El análisis revela dos escenarios extremos: una recuperación de 23 centavos añadiría 1.6 centavos por kWh a las facturas, mientras que un reembolso total de 11,000 a 12,000 millones requeriría recargos de 6 a 9 centavos por kWh, elevando tarifas a 34 a 37 centavos. Esto desencadenaría una espiral de muerte acelerando la deserción de la red. Cada año de retraso posterga inversión en infraestructura, desperdicia incentivos federales y ralentiza la transición a energías renovables, erosionando la base de ingresos que debe servir la deuda reestructurada.
