Ofensiva gubernamental contra el sector privado sin reformas de fondo. Desde el otoño pasado, el Gobierno de PSOE y Sumar ha intensificado regulaciones restrictivas contra educación, sanidad privada, alquileres vacacionales y redes sociales, argumentando combatir abusos sin proporcionar detalles específicos. Esta estrategia responde a la percepción de parálisis reformista tras las elecciones de julio de 2023. El discurso presidencial se enfoca en presuntos excesos empresariales y cuotas de mercado en lugar de calidad de servicios. Paradójicamente, hospitales privados de titularidad pública muestran mejor eficiencia y satisfacción de pacientes que centros públicos, incluyendo los directamente controlados por el Ministerio en Ceuta y Melilla. El Gobierno intenta compensar su falta de reformas sustanciales mediante una batería de medidas restrictivas contra la iniciativa privada.
